LA INCLUSIÓN DE JJ.SS.ALZIRA EN EL CONSELL DE LA JUVENTUD

El pasado sábado día 25 de septiembre, la Secretaria General de los Jóvenes Socialistas Alzireños Isabel Aguilar se reunió en la Sede del Partido Socialista de Alzira con más de treinta jóvenes militantes socialistas procedentes de diferentes municipios de la comarca de La Ribera del Xúquer, como: Algemesí, Benimodo, Carcaixent, Alginet, Castelló, Almussafes, Sollana, Alcúdia, etc.

La secretaria General de los Socialistas Alzireños, Isabel Aguilar, destaco la importancia de esta reunión porque perseguía el objetivo de empezar una acción política conjunta de las juventudes de la Ribera, al mismo tiempo todos de manera directa quisieron demostrarle a la nueva secretaria general alzireña y con ello todo el apoyo de los jóvenes socialistas.

Aguilar, destaca la presencia del líder de los jóvenes socialistas de la Comarca, Ricard Bono y el Secretario General de JSPV, Fernando Díaz. Bono y Díaz hicieron público el apoyo y confianza hacia Aguilar, poniéndose ambos a su plena disposición en todo lo que necesite para sacar adelante todo tipo de actividad y acción política desde las JJ.SS de Alzira.

Según Aguilar se trataron diversos temas de actualidad política y diversas iniciativas para JJ.SS, concretamente para la ciudad de Alzira.

Aguilar expuso, sus dos principales objetivos, a saber entre: la inclusión de JJ.SS de Alzira en el Consell de la Juventud y reivindicar la rehabilitación de la Sede del Consell.

Según Aguilar, para la integración de JJ.SS de Alzira en el Consell, se solicitará una reunión con el presidente del Consejo de la Juventud, para así poder representar a todos los Jóvenes Socialistas en ese organismo y a su vez poder participar de la vida local desde el punto de vista juvenil.

El Gobierno asegura que la ley del aborto no supone su liberalización

La Abogacía del Estado presenta sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional frente al recurso del PP.- Alega que la ley trata de hacer compatible la protección de la vida en formación con los derechos fundamentales de la mujer embazada.

La ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo no supone la "liberalización del aborto" ni descansa exclusivamente sobre la "nuda voluntad de la mujer embarazada", sino que trata de hacer compatible la protección de la vida en formación con los derechos fundamentales de la mujer embazada. Así lo afirma la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, en sus alegaciones al recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la ley del aborto.
El Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha cumplimentado hoy el trámite de alegaciones ante el Constitucional, después de que los ministerios de Justicia e Igualdad diesen un último repaso a los escritos en los que el Gobierno contestan a los recursos interpuestos por el PP y el Gobierno de Navarra contra la ley de interrupción del embarazo.
El escrito recuerda que los Estados democráticos occidentales con sistemas semejantes al español han regulado la interrupción del embarazo de forma similar a la de la ley orgánica de 3 de marzo de 2010. Asimismo una Resolución del Consejo o de Europa establece que, dentro de unos plazos razonables del periodo de gestación, no debería prohibirse la interrupción del embarazo, pues la prohibición no redunda en una disminución del número de abortos, sino en que éstos sean practicados de forma clandestina. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre la necesidad de tomar debidamente en consideración los derechos de la mujer embarazada.
El escrito del Gobierno asegura que la ley ha optado por añadir precisión o claridad jurídica a los distintos supuestos de aborto, atendiendo al diferente grado de la vida humana en formación. Así, durante las primeras 14 semanas de gestación, en que la vida en formación depende por completo de la mujer embarazada, los poderes públicos están obligados a prestarle el debido asesoramiento sobre los derechos que asisten a la madre, imponiendo un plazo de reflexión. Por tanto, no se establece un sistema de aborto sobre la nuda voluntad de la mujer, como ocurre en Estados Unidos, sino un "sistema de asesoramiento".
El recurso del PP contra el artículo 14 de la ley no alude al sistema de protección de la vida prenatal, según las alegaciones del Gobierno. Sin embargo, la ley no renuncia a la sanción del artículo 145 del Código Penal para los supuestos de aborto no autorizados. Y obliga a dar a la gestante información sobre "derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad", además de que el aborto "sólo será posible transcurrido un plazo de al menos tres días". Es decir, el artículo 14 ha previsto un mecanismo de protección de la vida prenatal que trata de responder a la "situación característica de conflicto" de la mujer entre su estado y la debida protección a la vida que acoge en su seno.
Frente al argumento del PP de que no es suficiente el consentimiento de los representantes del menor de 16 ó 17 años para el aborto, el Gobierno mantiene que, la forma más correcta de proteger a la menor de esa edad "es reconocer como suficiente su voluntad, a cuya formación pueden contribuir los padres o representantes".
"Ningún precepto constitucional impide que el legislador establezca una edad inferior a los 18 años en la que se considere que la menor tiene capacidad suficiente para decidir por sí misma, con la asistencia de sus padres".
El Gobierno niega después que exista un derecho a la objeción de conciencia "frente a cualquier cuestión relacionada con el aborto" sino que el derecho de objeción de conciencia puede hacerse valer únicamente "para no intervenir directamente en la interrupción del embarazo".

Según el Ministerio de Igualdad el número de víctimas mortales por violencia de género hasta el 31 de agosto se eleva a 43

Este mes se cierra con una muerte por violencia de género, lo que provoca que se sitúe como el agosto con menos fallecimientos por esta causa desde que se lleva a cabo el recuento, en el año 1999, y se pasa, de esta forma, del peor mes de julio de la década, con nueve muertes, al mejor agosto.

La Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra entre las regiones con un mayor número de víctimas mortales por violencia de género con un total de 5 casos en 2010, sólo por detrás de Andalucía (11) y Cataluña (6), mientras que en el conjunto nacional este mes se cierra con una muerte por violencia de género, lo que provoca que se sitúe como el agosto con menos fallecimientos por esta causa desde que se lleva a cabo el recuento, en el año 1999, y se pasa, de esta forma, del peor mes de julio de la década, con nueve muertes, al mejor agosto.

Los datos del Instituto de la Mujer, a los que ha tenido acceso Europa Press, han sido elaborados a partir de noticias de prensa y datos del Ministerio del Interior, hasta que en el 2006 éstos pasaron a ser publicados por el Ministerio de Igualdad.

En concreto, la cifra nunca ha bajado de las cuatro fallecidas, registradas en los años 2000 y 2001, siendo el mes de agosto de 2006 el más trágico con nueve víctimas. El año pasado fueron seis las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y la media en todo el periodo asciende a siete.

Sin embargo, con este último suceso, el número de víctimas mortales por violencia de género hasta el 31 de agosto se eleva a 43, por encima de las 38 que se habían registrado en el mismo periodo del año anterior.

Del total de asesinadas sólo un 23,3 por ciento, diez mujeres, habían denunciado su situación y siete de ellas tenían medidas de protección en vigor. La mayoría, un 30,2 por ciento, tenían entre 31 y 40 años y 27 eran españolas, frente a 16 extranjeras. Además, aún permanecen en investigación cuatro casos.

Los agresores han sido, en todos los casos, mayores de 30 años. La franja de los 31 a 40 es la que registra una mayor concentración de asesinatos, con el 37,2 por ciento del total, seguida de los que tienen entre 51 y 64 (27,9 por ciento).

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región donde se contabiliza un mayor número de fallecimientos, con once, seguido de Cataluña, con seis, y los cinco de Canarias. Por su parte, Asturias ha registrado cuatro muertes y Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid, tres. En Aragón y Castilla-La Mancha han muerto dos mujeres, mientras que en el País Vasco, Murcia, Galicia y las Islas Baleares, el número de víctimas se reduce a una.

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad informa de que casi el 70 por ciento de las muertes se produjo en una situación de convivencia y señala que la relación que les unía con el agresor era en 26 de los casos de pareja y en los otros 17 de expareja o en fase de ruptura.

El último asesinato sucedió el pasado 26 de agosto en Lugo, donde un hombre mató a su mujer, Monserrat Labrada Campos, de 43 años de edad y natural de Barcelona, para después entregarse a la policía. Tenían dos hijos en común, de 9 y 10 años de edad.

Según destacó la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Galicia, Laura Seara, en declaraciones a Europa Press, la mujer asesinada "no había presentado denuncia" o, al menos, no constaba hasta la fecha.